Al medir las fuerzas de los tres poderes del Estado de Guatemala la balanza se inclina al Congreso. Esto debido al diseño institucional de la Constitución de 1985 que evitaba el abuso del poder del Ejecutivo. Además del contexto histórico de la Constitución, actualmente el Ejecutivo pareciera estar renuente a tomar decisiones y ejercer el poder. Lo cual resulta en una concentración de poder en el Organismo Legislativo.
La actividad legislativa puede posibilitar, regular o prohibir las actividades de los ciudadanos. Aislarse del actuar legislativo no es opción pues el costo del desconocimiento es demasiado alto. El desconocimiento de la ley puede significar, en el peor de los casos, un juicio penal o proceso administrativo en otros casos puede resultar en una mala planificación financiera anual o bien la pérdida de oportunidades de negocios.
En un sistema democrático como el nuestro, participar en la discusión de iniciativas de ley es una actividad no solo legal sino legítima. De lo contrario, permitimos que los espacios públicos nos sean arrebatados y no formamos parte de la construcción del Estado. El derecho de petición es uno de los pilares de la democracia y este se ejercita aportando a la discusión de lo público, que siempre tiene efectos en el ámbito privado.
El año pasado se presentaron al Organismo Legislativo iniciativas de ley como la Ley de Competencia que tiene origen en el compromiso que asumió el estado Guatemala cuando firmó Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América y el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica, pero cuyo contenido de no modificarse puede limitar de manera representativa el mercado guatemalteco. Contrario a los modelos de ley de competencia centroamericanos, el modelo guatemalteco es un modelo complejo en el sentido de que es una ley bastante desarrollada (con más de cien artículos) y crea un organismo de control con poderes bastante amplios en términos sancionatorios y de control e investigación. Esta iniciativa tiene un catálogo de prácticas prohibidas absolutamente y otras actividades que son relativamente prohibidas. El objetivo de este tipo de ley debería de ser que el consumidor siempre tenga acceso a los mejores precios y a los mejores productos. Sin embargo, por no adaptar los modelos de ley europeos a la realidad económica nacional, esta ley tiene prohibiciones relativas que en realidad nada tienen que ver con la protección al consumidor. Tal es el caso, por ejemplo, de la prohibición a la venta de productos por debajo de su previo promedio variable, esta prohibición no protege al consumidor y limita al comerciante a introducir nuevos productos o a crear estrategias de venta creativas. Otro aspecto preocupante de esta iniciativa es el tratamiento a la información, ya que la misma no establece situaciones y actores a quienes se les puede pedir información sino que deja esto sin claridad. En el mercado la información y estrategias son lo que nos diferencia y por lo tanto esa es información sensible. La Superintendencia que crea la iniciativa de Ley de Competencia es un ente que además de tener mucho poder, por toda la información que podría manejar, tiene capacidad sancionatoria y además una especie de veto en tema de fusiones y adquisiciones. Estos son solo algunos de los aspectos preocupantes de esta iniciativa que, durante el presente año, seguramente será aprobada en el Congreso de la República.
Otro de los grandes temas de agenda en esta legislatura es la Ley de Aguas. Desde la promulgación de la Constitución de 1985 se estableció la urgencia de regular el tema del agua en el país. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado un consenso en dicha materia. El impacto que una ley de este tipo tendría en el país es enorme y, por lo mismo, es importante prestarle atención. Los proyectos de ley de aguas varían en cuanto a modelo de gestión, enfoque filosófico, valores, etc. En la mayoría de países de la región se cobran cánones dependiendo del uso del agua, en muchos países se establecen prioridades en el uso (consumo humano, uso industrial, agroindustrial, etc.), así también en algunos el cobro y control se hace de forma centralizada y, en otros descentralizada, en algunas legislaciones las comunidades participan de forma activa en la toma de decisiones respecto a este recurso en otras no. Lo que pasará en Guatemala está por decidirse.
Las reformas constitucionales son quizás el tema más importante de la agenda legislativa. La necesidad de fortalecer el sistema de justicia es evidente en un estado que carece de confianza en los tribunales. En Guatemala muchos recurren, en el mejor de los casos, a métodos alternativos de resolución de conflictos (unos al arbitraje y otros a sus autoridades comunitarias), otros asumen el costo de no poder acceder a tribunales (ese es el caso ante la imposibilidad de cobrar rentas atrasadas en alquileres) y, en el peor de los casos, no queda más que la violencia y la venganza como alternativas. Por lo que cuestionar el modelo de diseño de elección y gobernanza judicial actual es un ejercicio que nos atañe a todos como ciudadanos. El proceso acelerado y las presiones internacionales en esta materia nos obligan a prestarle aún más atención pues “cualquier” reforma al sistema de justicia no es la reforma que va a generar una mejora a la independencia del Organismo Judicial.
Contar con información precisa en el momento oportuno nos permite tomar mejores decisiones. Ese es el caso del artículo 80 que en materia de transparencia se incluyó en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del presente año que establece que el contratista deberá instalar cámaras que permitan visualizar en tiempo real el desarrollo integral de la obra. El contratista deberá contar con un archivo que contenga el historial de por lo menos un mes de grabación y proporcionar el link por medio del cual se podrá dar seguimiento al proyecto. Dos párrafos de un artículo que muchos considerarán benigno tiene efectos directos para el presupuesto de las empresas contratistas que ahora deberán tomar en consideración estos rubros.
En el caso de los desarrolladores de proyectos comerciales y habitacionales, la iniciativa de ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial contiene una variedad de retos materiales que habría que superar y una autoridad nueva que cambiaría la dinámica actual de forma drástica. Otras reformas que seguramente tomaron desprevenidos a muchos fueron las presentadas a la Ley de Vivienda, el sigiloso avance de las mismas nos da una alerta sobre la importancia que tiene darle seguimiento a lo que sucede en el Organismo Legislativo. Desde una perspectiva positiva también estamos conscientes de los cambios que brindaría una ley como el proyecto de iniciativa de Tasa Preferencial que permitiría ampliar el mercado que al día de hoy accede a la vivienda en Guatemala.
Estar atentos y participar en los procesos políticos y legislativos no solo nos deben ocupar moralmente, ya que dejar espacios públicos desatendidos no ha fortalecido las instituciones, sino que económicamente estas reformas o nuevas leyes tienen impactos en los negocios y es necesario poder actuar preventivamente y no lamentarnos cuando no queda más que hacer.
